Durante años he estado en contra de la pena de muerte. Ahora estoy a favor. Creo que hay acciones humanas que merecen ese castigo, la cuestión es cómo hacer que una decisión irreversible satisfaga a todos. A todos, en este caso, significa a la sociedad como tal y a los que han sufrido en primera persona las consecuencias del delito. Delitos contra la integridad física o moral de las personas, de personas con nombre y apellidos. Ningún delito que afecte a la sociedad (delitos contra los bienes o su organización) puede merecer tal pena.
Cuando alguien viola y
mata a un niño es la familia (además de la propia víctima, claro) quien sufre
el daño, no la sociedad. La sociedad lo que ha de hacer es prevenirse para que
el asesino no vuelva a realizar tal tropelía. Para ello basta con encerrar de
por vida al malhechor. Sin embargo, para la familia que ha sufrido la pérdida
del ser querido puede parecer poco castigo. ¿Cómo casar ambos intereses? A
continuación mi propuesta.
La sociedad juzga el
delito, si lo considera merecedor de la pena de muerte sería la familia
afectada quien decide si ejecutarla o no. Si decide que no, se dejaría en
cadena perpetua (o en la máxima pena prevista en el código penal).
Si la familia afectada decide
que se aplique la pena de muerte, sería ella misma quien la ejecutaría (el
sistema judicial facilitaría los medios, pero la ejecución –pulsar un botón,
por ejemplo- la realizaría uno o varios miembros de la familia dañada. Lo que
ellos decidan). De esta manera creo que se resuelven varios conflictos. El
primero es que no sería la sociedad la que mata sino quien ha sufrido la
ofensa. Pero sólo si lo desea, porque se da el caso de que en lugares donde
existe la pena de muerte se mata a reos a los que la familia que ha sufrido el
daño no quiere que se le mate. Otro conflicto moral que quedaría resuelto es el
de matar por error a algún inocente. Con esta solución no sería la sociedad (de
manera anónima) sino la familia de la víctima quien, si se equivocan, sufriría
el dolor de haber matado a un inocente, e incluso, en el caso de que se llegue
a demostrar la inocencia del reo, sería el ejecutor quien pasaría a ser acusado
de asesinato (eso haría que quien aplique su, en principio, legítimo derecho a
acabar con la vida de quien lo hizo con su ser querido, esté bien seguro de que
quien se dice que fue es quien fue).
En resumen: pena de
muerte, sí, dictada socialmente, pero aplicada por las víctimas; o conmutada,
según ellos deseen.
